La Comisión mixta de Economía y Hacienda entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, reunida en la finca de Raixa, ha acordado la inclusión de 183 millones de euros al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 para compensar la insularidad y el déficit inversor estatal en las islas, a través del despliegue, por primera vez, del Factor de insularidad previsto al Régimen Especial de las Islas Baleares (REIB).
El acuerdo, firmado por la presidenta Francina Armengol y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, establece la metodología de cálculo de la dotación inicial del factor de insularidad, consensuada a la comisión tal como prevé el Real decreto ley del REIB, y fija esta dotación en 110 millones para ser incluida en los PGE 2022. En total, el importe para 2022 asciende a 183 millones, puesto que el acuerdo incluye 73 millones más como compensación a las Balears debido al tiempo transcurrido desde la aprobación del Real decreto ley, en febrero del 2019.
La presidenta Armengol ha asegurado que con este acuerdo se da “un salto histórico en el cumplimiento del REB y de la compensación de la insularidad”, motivo por el cual también ha querido agradecer a la sociedad civil, grupos políticos e instituciones, así como especialmente al Círculo de Economía, puesto que han “trabajados unidos en momentos complicados” y desde la necesidad de que el Estado compense los problemas que genera la insularidad.
Con esta cantidad de dinero, Armengol ha destacado que se pone de manifiesto “la sensibilidad del gobierno español para entender qué significa vivir en una comunidad autónoma isleña y cumplir con los sueños y aspiraciones de su ciudadanía”.
En este sentido, ha destacado que esta herramienta “garantiza fondos estatales adicionales para reforzar la inversión pública en las Balears, para contribuir a situar a las islas en la media de la inversión estatal en las comunidades autónomas”. Se trata de una “negociación extraordinaria para hacer una compensación extraordinaria a nuestra tierra. Una cantidad histórica que hace justicia a los deseos y anhelos de la sociedad de las Illes Balears”, ha subrayado, y ha añadido: “al fin hay un gobierno de España que hace justicia con esta tierra”.
Por su parte, la ministra Montero ha recalcado que el acuerdo ha sido posible “gracias al impulso y la insistencia de la presidenta Armengol para hacer realidad esta circunstancia negociada el 2019” para que el gobierno del Estado “fuera capaz de identificar la singularidad de las islas a la hora que puedan ofrecer a su ciudadanía las mejores infraestructuras y unos servicios públicos de excelencia”.